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closeEl valor estratégico de priorizar el relacionamiento ético con la administración pública desde las empresas
27 de julio de 2023
Tanto las empresas como los actores públicos se enfrentan a condiciones cambiantes del entorno y nuevos desafíos asociados a las dinámicas globales en el plano económico, geopolítico, productivo, ambiental y de abastecimiento de recursos, así como a factores de riesgo por conflictos bélicos, climáticos o sanitarios, entre otros. El contexto obliga a todas las organizaciones –tanto públicas como privadas- a afrontar estos factores críticos, siempre teniendo en cuenta la relación con sus stakeholders o partes interesadas en el proceso. Pues su gestión convive con actores relevantes que incluso pueden alejarlas de su propósito: ya sea porque influyen en su capacidad de actuar, interfieren en sus expectativas o impactan en sus posibilidades de acceder a recursos, entre otras.
En el vínculo entre las organizaciones y estos actores que pueden impactar en la concreción de sus objetivos, pesa una multiplicidad de intereses, necesidades y expectativas que pueden calar en la demanda de medidas regulatorias, exigencias de cambio de productos, modificación de conductas empresariales o ajustes de modelos de gestión, así como puede implicar nuevas necesidades de diálogo, de transparencia y rendición de cuentas.
Para las empresas, se elevan los estándares de cumplimiento, de manera que los objetivos meramente comerciales o de rentabilidad, deben complementarse con un esfuerzo riguroso de asumir las obligaciones legales de las jurisdicciones en las que operan, así como asumir compromisos éticos y de sostenibilidad que se alinean con objetivos globales. La observancia de estas pautas se torna un requerimiento en las sociedades actuales que se refleja no solo en las políticas públicas sino en las demandas de los consumidores, inversionistas y de los organismos multilaterales que contribuyen al desarrollo.
Todas estas influencias e imperativos pueden impactar de forma positiva o causar presiones a las compañías, lo cual puede elevar sus niveles de riesgo. Por eso, una adecuada gestión de sus partes interesadas puede contribuir no solo a identificar los intereses que giran entorno a su actividad empresarial, sino que también permite articular una estrategia que ayude a prever los factores de pueden vulnerar su ruta de acción, así como a determinar sus propias necesidades de adaptación.
Frente a esta premisa, uno de los actores de mayor relevancia para cualquier compañía es la institucionalidad pública, la cual ya sea desde el ámbito nacional o subnacional está llamada a imponer una serie de reglas del juego que tienen relevancia sobre la operación de las empresas. Más allá de temas estrictamente legales o fiscales, las administraciones públicas son -también- un reflejo de las demandas de la sociedad y de los desafíos globales. Por eso, se torna fundamental un adecuado relacionamiento estratégico que permita no solo comprender las dinámicas alrededor de las políticas públicas, sino generar inteligencia prospectiva que ayude a visualizar de forma oportuna las acciones que pueden impactar en el giro del negocio, en sus objetivos y en su planeamiento.
No se puede obviar que, al igual que las empresas, los gobiernos deben cumplir objetivos, generar soluciones y dar respuestas a sus propios stakeholders. Generar empleo, reducir la pobreza y las desigualdades, recaudar recursos y alcanzar la sostenibilidad son parte de los retos que enfrentan los Estados y en los que existe una gran coincidencia con los esfuerzos que realizan las empresas, en el tanto son actores fundamentales para alcanzar las metas en dichas áreas. De ahí, que la relación entre empresas y la administración pública genera amplias oportunidades de colaboración.
Una interacción basada en el respeto a los canales legales, una dinámica marcada por la transparencia y una gestión ética de los intereses corporativos, comprendiendo que el Estado debe ser vigilante del interés público, permite maximizar los resultados e impactar de forma positiva en la sociedad. Sin embargo, en múltiples oportunidades, las empresas observan con cautela e incluso temor el acercarse a las instituciones o a los tomadores de decisión cuando enfrentan dificultades; lo cual, puede responder a diversas circunstancias como la falta de mecanismos de consulta, transparencia o diálogo desde las instituciones, o puede responder al desconocimiento por parte de las empresas de los canales disponibles para presentar sus observaciones y problemáticas así como a la ausencia de una estrategia de relacionamiento que le permita generar confianza sobre sus motivaciones y actuaciones para poder incidir.
Resulta, por tanto, necesario que se logre una identificación temprana y oportuna de los temas sensibles para determinar los tipos de acercamiento y de interacción que resultan necesarios con los actores públicos, especialmente si se enfrentan desafíos regulatorios o normativos; pero igualmente, se abren oportunidades de interacción que pueden permitir avanzar en ámbitos estratégicos como los vinculados a la sostenibilidad y que contribuyen positivamente a la mejora de la reputación corporativa.
Las decisiones de carácter público se caracterizan por su permeabilidad ya que son ampliamente influenciadas por los distintos actores que ejercen representación en las instancias habilitadas para la canalización de las expectativas e intereses tanto económicos como sociales. Dicha permeabilidad puede ser positiva si hay un manejo adecuado de las relaciones con la institucionalidad que no implique una trasgresión de los parámetros legales o éticos, ni que implique un abuso o desbalance en la misión de alcanzar y proteger los fines públicos que le corresponden a la institucionalidad.
El adecuado mapeo de los actores institucionales posibilita la comprensión de sus competencias y capacidades, de los espacios de articulación disponibles, la viabilidad de lograr acercamiento y el espacio disponible para la incidencia colaborativa. Consideraciones que deben darse a la luz del entorno en el que se desenvuelven, del modelo de desarrollo que prevalece y de las demandas éticas que plantean las sociedades actuales, para evitar riesgos reputacionales e impactos negativos que desvíen a las empresas de su propósito.
La gestión estratégica de las relaciones con los actores públicos amerita, por tanto, planeamiento, comprensión del entorno regulatorio, identificación de las competencias institucionales y riesgos latentes, así como un manejo responsable y ético de las rutas de relacionamiento, sumado a una articulación profesional que colabore con la empresa para lograr los acercamientos e intercambios que favorezcan las sinergias y les distanciarse de posibles amenazas contra la empresa.
