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Sostenibilidad
El modelo europeo de reporting no financiero, a debate en Madrid
24/10/2011. Un centenar de expertos y profesionales en materia de transparencia empresarial se darán cita mañana en Madrid para debatir sobre el futuro modelo europeo de reporting no financiero. El acto ha sido convocado por la Fundación Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, con el objetivo de “impulsar la transparencia empresarial como una de las principales herramientas para la recuperación de la confianza en el contexto actual”, según su CEO, Ángel Alloza. Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership agrupa a las principales empresas españolas: BBVA, La Caixa, Iberdrola, Repsol, Santander, Telefónica, Adif, Agbar, Bankinter, Correos, Danone, El Corte Inglés, Gas Natural Fenosa, Meliá Hotels International y Renfe.
El encuentro contará con la participación del Director General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, el español Pedro Ortún, principal responsable comunitario en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). También contará con la presencia de Germán Granda, director de Forética y representante español de la iniciativa CSR Europe; Joaquín Garralda, secretario general del Pacto Mundial en España; y Roberto Suárez, secretario de la Comisión de RSE de CEOE y representante español en el grupo de trabajo Business Europe.
El informe de sostenibilidad seguirá siendo voluntario
En el encuentro se presentará un Documento de análisis de la situación de “El reporting no financiero en Europa y España” elaborado por Garrigues.
El Documento analiza las consecuencias prácticas para las empresas españolas de la reciente Ley de Economía Sostenible (LES) en materia de transparencia. Entre otras conclusiones, el Documento señala que la presentación de informes de sostenibilidad seguirá siendo un ejercicio voluntario para las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados (unas 780 en España) a las que se refiere el artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible (LES). El informe señala que la Ley establece obligaciones para los poderes públicos, Gobierno y Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Esta regulación “tiene un carácter programático”, tratándose de “una norma que no parece obligatoria, sin efecto o consecuencia jurídica”.
