Esta década del siglo XXI marcará un antes y un después en el avance de algunas de las tendencias que hacia un buen gobierno corporativo habían venido observándose recientemente, reforzadas por la volatilidad política y económica y las demandas a las empresas y a sus órganos de administración por parte de sus grupos de interés, desde Administraciones a accionistas, inversores, empleados, consumidores y sociedad. Un impulso que, lejos de frenarse por la crisis del Covid-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar más rápidamente algunos de estos cambios.

A los desafíos competitivos y económicos existentes, las empresas tendrán que sumar los retos regulatorios para mitigar riesgos. En este sentido, la normativa sigue evolucionando, imponiendo su carácter obligatorio. La Comisión Europea se ha comprometido a revisar la Directiva sobre divulgación de la información no financiera de 2014, tras constatarse que la divulgación de las políticas ambientales, sociales y de gobierno no es suficiente para medir, supervisary gestionar su impacto en la sociedad y el entorno. Por eso, como parte del Pacto Verde, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para avanzar en este proceso, una revisión que pretende proporcionar datos homogéneos sobre cómo la actividad empresarial impacta en la sociedad y el medio ambiente y cómo se tratan los potenciales riesgos ligados a la sostenibilidad.

Cambios

Es previsible, según señalaba un reciente estudio publicado por Georgeson y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, que los cambios en la Directiva den lugar a un mayor desarrollo reglamentario que contribuya a resolver dudas sobre la aplicación de la ley para que todas las empresas publiquen la información siguiendo estándares comunes.

Y es que los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno) ganan peso a pasos agigantados, especialmente entre grandes inversores. Gestoras como BlackRock han añadido el cambio climático como eje central de su estrategia de inversión y dejará de invertir en proyectos con elevados riesgos de sostenibilidad. Una política que ya seguían otros inversores como el Fondo Noruego de Pensiones, que no participa en empresas de carbón, tabaco, armamento o aceite de palma.

Más de 40 gestoras, entre ellas, Allianz Global Investors, BlackRock Standard Life o Vanguard, se acaban de unir a la iniciativa Net Zero Asset Managers, que ahora agrupa a 73 entidades con 32 billones de dólares en activos bajo gestión, con el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus carteras.

El marco regulatorio incluye la aprobación en España de la ley que traspone la Directiva europea de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. En virtud de ésta, los gestores de activos y otros inversores institucionales tendrán que hacer públicas, con carácter anual, sus políticas de implicación y cómo las aplican. Además, los emisores tendrán derecho a conocer la identidad de los accionistas y beneficiarios últimos de los derechos económicos y políticos de las acciones. Se introducirían también las denominadas acciones de lealtad, permitiendo que los estatutos otorguen derechos de voto adicionales a los títulos que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un mínimo de dos años.

Juntas virtuales

La digitalización será un reto de los consejos de administración. Espoleada por las medidas sanitarias del Covid, avanza y un ejemplo son las reuniones telemáticas de los consejos y, sobre todo, las juntas de accionistas. Este año, gran parte de las cotizadas españolas celebrará esta reunión de modo exclusivamente virtual.

Pero el gran desafío sigue siendo la presencia de mujeres en los consejosy en la alta dirección. La última revisión del Código de Buen Gobierno elevó del 30% al 40% en 2022 el umbral mínimo para la presencia de las mujeres. Aunque sigue siendo una recomendación, frente a la obligatoriedad de países como Francia, que acaba de fijar por ley que deben ocupar al menos el 30% de los puestos de responsabilidad en cinco años y el 40% en ocho años, con una sanción para las empresas incumplidoras equivalente al 1% de su masa salarial. En España, el Ibex apenas supera el 30% de presencia femenina, un porcentaje que aún dista en el resto de las cotizadas.

Grandes inversores y proxy advisors (asesores de voto) están tomando medidas en este sentido. Algunos han anunciado que votarán en contra de la reelección del presidente de la comisión de nombramientos en las empresas que no alcancen el umbral mínimo. Como ejemplo, el Fondo Noruego, que ha informado a las empresas en las que participa que las mujeres deben ocupar al menos el 30% de los asientos del consejo y que deben establecer objetivos para la diversidad de género. Esta medida afecta a las más de 9.000 compañías de las que el Fondo es accionista (81 españolas).

Medida, A. (27 de mayo de 2021) Impulsoa las políticas no financieras. Expansión, pp 210.