El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató ayer de ganar la iniciativa y lanzar un mensaje de fuerza tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas con la presentación del informe España 2050, un ejercicio de imaginación y voluntarismo a 30 años vista que se hace público cuando el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea un Plan de Recuperación sin proyecciones económicas, sobre el que Bruselas ya ha pedido aclaraciones (ver información de la página 28) y como ha denunciado la AIReF. Y a los dos días de no haber previsto el ataque de Marruecos a la soberanía nacional.

Rodeado de empresarios como José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Josep Oliu, presidente de Sabadell; Antonio Huertas, presidente de grupo Mapfre; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, y José Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, instituciones, sus cuatro vicepresidentas y algunos de los 100 expertos que han participado, Sánchez reivindicó ayer el espíritu de la Transición y apeló a la cohesión de los españoles en la presentación del informe España 2050. Así justificó la pertinencia y oportunidad del documento y planteó analogías entre este ejercicio prospectivo, que pretende que abra un “gran diálogo nacional”, con la “mirada al futuro de la Transición”, que, ejemplificó, “cambió la dictadura por la libertad” y “se pasó del pasaporte del aislamiento al europeo y al Estado de bienestar”.

Sánchez aprovechó la publicación de este informe, a cargo de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a Largo Plazo que se creó nada más empezar la legislatura, para llamar a todos los ciudadanos e instituciones a mantener un “gran diálogo nacional sobre el futuro” del país para que España siga evolucionando y decidir “entre todos qué país queremos ser en 2050”. Se trata de una “primera propuesta que está viva”, “una gran conversación para que sea reforzada, corregida y ampliada por el conjunto de la sociedad”. Por eso, España iniciará un gran diálogo nacional sobre el futuro “en las próximas semanas y meses”. “Será un proceso de abajo a arriba que durará varios meses y que va a estar abierto a todas las instituciones y a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren participar de nuestro país”, aseguró.

¿Cómo es el futuro que pintan los expertos de Sánchez? ¿Se trata, como asegura Diego Rubio, director de la Oficina de Prospectiva, de un trabajo “apartidista” que no cuestiona el presente, sino que apuesta por el futuro? El tono tiene un regusto de utopía sanchista, ya que se imbrican lo que se quiere ser con lo que se prevé que sea. Con los esperados toques distópicos de las consecuencias del cambio climático. A partir de aquí, algunas áreas beben de la ortodoxia socialista, sobre todo, la referida a impuestos, y del programa que se está realizando ahora mismo de subidas y el intento de armonizaicón fiscal al alza entre comunidades. También las áreas relativas a educación, medio ambiente y políticas sociales. Donde los expertos han sido más críticos con el ideario gubernamental es en las pensiones y en el ámbito laboral.

Fiscalidad

Se plantea una revisión de las bases y tipos al alza del IRPF y de las rentas del ahorro, una subida de la tributación de la riqueza y del Impuesto sobre Sociedades, como adelantó EXPANSIÓN el martes. El objetivo, que la recaudación se eleve del 37% del PIB actual al 43%, es decir una subida de impuestos de hasta 80.000 millones. Se reducirán los beneficios fiscales, sobre todo en Sociedades y se impulsará “su armonización a escala internacional”. Se propone una reforma integral del IRPF, Patrimonio y Sucesiones para eliminar los incentivos a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital. En cuanto a Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, el documento recoge que “debe replantearse” su papel en las haciendas autonómicas “para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país”.

Mercado laboral.

El documento sitúa entre sus objetivos “reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlo en niveles similares a los de la UE-8”, que cifra por décadas en las 37 horas semanales en 2030, las 36 en 2040 y las 35 en 2050. Del mismo modo, propone reducir la tasa de paro desde el 18% actual al 7% en 2050. El texto señala que se tienen que corregir algunas “disfuncionalidades normativas” si se quieren sentar las bases de un mercado laboral más eficiente y equitativo. Es por ello por lo que apuesta por revisar la regulación laboral, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Respecto a la regulación laboral, se advierte contra la inseguridad jurídica, en alusión a los continuos cambios y anuncios de derogaciones, y se dice que la contratación temporal sigue teniendo un peso “excesivamente elevado” al fomentarse el ajuste extensivo basado en contratar y despedir, en lugar de favorecer el ajuste intensivo, en el que se negocian cambios en los salarios o las horas trabajadas. Se aboga por un modelo como la mochila austriaca, que no se menciona explícitamente, en el que el trabajador cree una cuenta individual con aportaciones de la empresa de la que podrá disponer en caso de despido.

Pensiones.

Los expertos son partidarios de un sistema mixto de pensiones con parte de financiación pública y privada y reclaman una fiscalidad neutra para el sistema, a diferencia del hachazo fiscal que ha asestado el Ejecutivo a los planes de pensiones individuales en los Presupuestos de 2021. Se reconoce la presión que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida ejercerá sobre el sistema, lo que podría dejar “obsoleta” la edad legal dejubilación a los 67 años.

Inmigración.

Se prevé que una de cada tres personas en España tenga más de 65 años en 2050, lo que requerirá la llegada de al menos 255.000 inmigrantes cada año para compensar el envejecimiento dela población.

Medio ambiente.

Se impulsa una España neutra en carbono antes de 2050 y se pretende crear un nuevo impuesto sobre el uso de los vehículos y una “tasa de viajero frecuente” de avión, prohibir los vuelos de menos de 2,5 horas y se cree que se restringirá la ingesta de carne, la compra de ropa, de dispositivos digitales y electrodomésticos.

Vivienda.

Se recomienda crear un marco fiscal que favorezca el incremento de la oferta de alquiler a precios asequibles y el acceso de los hogares de rentas más bajas. El control de precios del alquiler, una de las opciones. 

¿Cómo será España en lo económico dentro de treinta años? El documento España 2050 define 50 indicadores objetivos que pretenden ser una radiografía de la economía española cuando se alcance el ecuador del siglo. El PIB español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo. “Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8”, señala el Gobierno en España 2050. El documento contempla que la productividad se incrementará del 42% al 63% y la brecha de la renta per cápita con la UE se reducirá del 22% al 10%. También se proyecta aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% antes de mediados de siglo e incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, aproximar los niveles en 2030, al objetivo del 3% del PIB y al menos en el 4% en el 2050. Según destaca el Gobierno, el hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica “aumentan las probabilidades de conseguir” estos objetivos. No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que le alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.

El problema de la baja productividad española no está, por tanto, según el informe, en un determinado sector, sino que afecta a la práctica totalidad de la economía.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas España no va a contar con el apoyo de la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de la población se traducirá en una reducción severa de la fuerza laboral, incluso si se logra mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas.

En concreto, apunta que la población española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050, situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando riqueza y pagando impuestos. Así, solo por este efecto demográfico, el país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%. Si a este escenario de menor población en edad de trabajar, se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las últimas décadas, entonces el crecimiento económico podría ser incluso más reducido: de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050. Ante esto, el Gobierno ha fijado una serie de objetivos para ganar productividad, entre los se plantean reducir la brecha de renta per cápita que separa a España de la UE-8 a un 10% en 2050, además, de elevar la productividad laboral de la economía de aquí a 2050 hasta niveles próximos de los países de la UE-8.

Por último, el Ejecutivo ve necesario incrementar el tamaño medio de las empresas y reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050. Así, se plantea que el número de grandes empresas pasará del 31% al 35% en 2050 y el de las pymes, del 45% al 35%.

Todos los Gobiernos se han negado hasta ahora a ofrecer estimaciones de economía sumergida. Este documento contiene las primeras previsiones de un documento oficial sobre economía sumergida en España, que se estima que se sitúa en el 20% en estos momentos y que se reducirá al 10% en 2050. En el año 2000, se calcula que llegó a un 27% y no se ofrecen cifras anteriores a 1990. El documento propone para reducir la economía sumergida incrementar el número de funcionarios de la Agencia Tributaria, aumentar la colaboración con la Inspección de Trabajo, fomentar el uso de nuevas tecnologías y las campañas de educación y concienciación.

Serraller, M. (21 de mayo de 2021). La España de 2050 que imagina Sánchez. Expansión. pp. 24