En los últimos años, los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se han consolidado como referencia para evaluar el desempeño más allá de la rentabilidad financiera. Sin embargo, muchos indicadores tradicionales no recogen los efectos reales sobre los distintos capitales —medioambiental, humano y social— afectados por la actividad de una organización. El riesgo es tomar decisiones apoyadas casi exclusivamente en el capital financiero —ahorros de costes o cumplimiento de indicadores— sin incorporar explícitamente el valor creado o destruido en los otros capitales. Buena parte del reporting no financiero sigue centrada en outputs (número de contrataciones, horas de formación, participación en voluntariado) que informan sobre el esfuerzo realizado, pero dicen poco sobre los cambios reales en la calidad de vida, el bienestar, la cohesión comunitaria o las capacidades de los grupos de interés. De ahí la transición a una lógica de outcome.

De los outputs a los outcomes: qué significa medir el valor social

La pregunta clave ya no es “¿cuánto hacemos?”, sino “¿qué cambia en la vida de las personas, comunidades o trabajadores como resultado de las iniciativas y cuánto vale ese cambio para quienes lo experimentan?”. Medir el valor social implica centrarse en outcomes: cambios observables en el tiempo, como mejoras en salud, empleabilidad, cohesión comunitaria o resiliencia ante riesgos ambientales, y no solo en la cantidad de actividades realizadas.

¿Qué entendemos por valor social?

El valor social es el impacto neto de una política, organización o proyecto sobre el bienestar de las personas. Incluye efectos en educación, salud, bienestar, cohesión social y medio ambiente que deberían considerarse al tomar decisiones de inversión porque reflejan lo que realmente valoran los individuos más allá de los beneficios financieros directos. Supone pasar de pensar que el valor está únicamente en beneficios secundarios como ahorros de costes estatales o incrementos de ingresos fiscales, a incorporar valores primarios, menos tangibles, como el cambio de bienestar que supone cuando una persona pasa de desempleo a empleo o cuando experimenta una mejora en su salud.

La experiencia internacional sugiere, además, que la mayor parte del valor que importa para la toma de decisiones se concentra en estos beneficios primarios. Por ejemplo, en evaluaciones de intervenciones en salud mental se observa a menudo que una parte muy significativa —en ocasiones en torno al 80–90% del valor total estimado para la sociedad— se explica por el alivio del malestar emocional, la recuperación de la funcionalidad diaria o la mejora de las relaciones personales. En evaluaciones de programas para dejar de fumar, el grueso del valor proviene de los años de vida ganados en buena salud y de la mejora de la calidad de vida percibida, más que del ahorro en costes médicos. Si la medición no captura adecuadamente estos beneficios, se corre el riesgo de infravalorar el verdadero retorno social de las intervenciones.

Identificar el valor social en clave multicapital

Esto exige pasar de una visión centrada exclusivamente en el capital financiero a un enfoque multicapital, que reconoce que las organizaciones operan simultáneamente sobre capital financiero, natural, social y humano. La medición de impacto hace visibles los efectos positivos y negativos de las decisiones sobre estos capitales y permite integrar esta información en el análisis de riesgos y oportunidades.

Atribuir un valor explícito, “monetizado”, a estos efectos derivados de las decisiones empresariales hace visibles resultados tradicionalmente excluidos de la contabilidad convencional y permite gestionar de manera más deliberada el valor que se genera y se destruye.

Monetizar el valor social para apoyar la toma de decisiones

Para poder visualizar y comparar el valor social que genera una acción, un servicio o una decisión frente a otras alternativas, en las últimas décadas se han consolidado metodologías que traducen el valor social y ambiental a términos monetarios. Entre ellas destacan el Social Cost-Benefit Analysis (SCBA) —desarrollado por el HM Treasury del Reino Unido— y el Social Return on Investment (SROI) —creado por el UK Cabinet Office— que permiten comparar de forma sistemática la inversión realizada con el valor que se genera, así como el valor que produce una decisión frente a otra, incorporando además efectos que no pasan por el mercado y asignándoles valores monetarios basados en evidencias.

Hoy los estándares de mejores prácticas a nivel internacional hacen referencia a estas metodologías para medir el valor de resultados intangibles y ponerlos al mismo nivel que los impactos financieros y económicos, y así equiparar los capitales que se generan y se destruyen en la toma de decisiones. Referencias como el Green Book del HM Treasury del Reino Unido, que establece los principios para la evaluación económica y social de políticas y grandes proyectos de inversión, o el Wellbeing Framework de la OCDE, que define dimensiones y métricas clave del bienestar, proporcionan marcos claros para integrar el valor social y del bienestar en los análisis de coste-beneficio y en la priorización de inversiones.

El SCBA adopta una perspectiva para toda la sociedad y estima los beneficios y costes sociales, una vez considerados los impactos económicos, ambientales y sociales, para determinar si una decisión genera un beneficio neto y comparar alternativas más allá de la rentabilidad financiera. El SROI, por su parte, traduce los outcomes (cambios) en unidades monetarias mediante proxies de valor y se apoya en principios como involucrar a los grupos de interés y valorar lo que realmente importa.

Estos métodos permiten expresar la “S” de las siglas ESG en un lenguaje comparable al financiero e incorporar el valor social al análisis de inversiones y proyectos. En el Reino Unido, este tipo de análisis se utiliza de forma habitual en grandes proyectos de inversión pública: en decisiones sobre infraestructuras como la ampliación del aeropuerto de Heathrow o el túnel de la A303 en la zona de Stonehenge donde se han valorado explícitamente los efectos a largo plazo sobre el bienestar de las comunidades, el empleo, el patrimonio cultural y el medio ambiente.

Medición de impacto como herramienta estratégica y de gestión del riesgo

En este contexto, la medición de impacto deja de ser un ejercicio de reporte para convertirse en una herramienta estratégica y de gestión del riesgo. Disponer de información sobre outcomes y valor social permite comparar opciones, optimizar inversiones e incorporar criterios de impacto en la asignación de recursos, reduciendo el riesgo de desaprovechar valor social positivo y de mantener, sin identificarlo, un nivel de impacto negativo superior al necesario. 

Avanzar en esta dirección supone reconocer que la sostenibilidad no puede reducirse a cumplir con algunos indicadores de output, sino que exige comprender, medir y monetizar cambios reales en el bienestar de las personas y en los ecosistemas.