Vivimos en un contexto de gran polarización social e intensidad regulatoria. Así, la sociedad se haya cada vez más fragmentada y se mueve por impulsos irracionales y volátiles que ponen en jaque su propia estabilidad, mientras que los parlamentos y organismos internacionales desarrollan una intensa actividad legislativa y normativa encaminada a adecuar al sistema los brutales cambios que el mundo ha sufrido desde hace apenas dos décadas.

En este escenario en el que la confianza se convierte en el bien más preciado para empresas y gobiernos, la función de los Asuntos Públicos se desarrolla a gran velocidad en el seno de unas organizaciones necesitadas de una mayor y mejor influencia en el ámbito político.

Aunque el desarrollo a gran escala de la función de los Asuntos Públicos en las empresas ha tenido lugar mucho después de que estas comprendieran que la gestión de su reputación era un imperativo estratégico y de supervivencia en el largo plazo, ambos procesos comparten rasgos comunes.  Y es que los dos nacieron de la necesidad de gestionar las impresiones acerca de la propia organización, de optimizarlas en términos estratégicos y de la necesidad de contar con profesionales expertos en la materia que desarrollaran una nueva función directiva crucial para la continuidad de la empresa en el largo plazo.

Dado que los asuntos públicos abarcan todas las acciones encaminadas a interactuar con actores del ámbito gubernamental, social y regulatorio, sus acciones influyen directamente en la percepción que los distintos grupos de interés tienen de la empresa y, por tanto, de su reputación:

• Los Asuntos Públicos como altavoz de la reputación: la función de Asuntos Públicos puede actuar como un amplificador de la reputación corporativa, ya que implica la participación de las empresas en el debate público, exponiéndose al escrutinio de grandes masas de población que pueden desarrollar una percepción determinada que refuerce la reputación de la empresa.
• Los Asuntos Públicos como test de responsabilidad: las empresas deben impulsar un diálogo transparente y constructivo con las instituciones para reforzar su imagen de actor responsable y comprometido con el bien común. Esto se manifiesta en su participación en la formulación de políticas, el aporte de información especializada y la colaboración en iniciativas de responsabilidad social. Todas estas acciones generan confianza y credibilidad, lo que fortalece la reputación corporativa. Así, un buen manejo del lobby y la monitorización regulatoria no solo permite a la compañía anticipar y adaptarse a cambios en el entorno normativo, sino que también demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y la ética en sus operaciones.
• Los Asuntos Públicos como función de prevención de riesgos: la falta de una estrategia sólida en Asuntos Públicos puede resultar en la percepción de que la empresa actúa únicamente en función de intereses particulares, sin tener en cuenta el impacto social. Este tipo de conductas, cuando se difunden, pueden deteriorar gravemente la reputación de la organización, generando desconfianza entre los grupos de interés y debilitando su posición en el mercado.

Puede concluirse que la gestión eficaz de los Asuntos Públicos actúa como una herramienta estratégica que permite a las empresas defender sus intereses y construir y mantener su reputación. Una relación bien gestionada con los actores públicos contribuye a que la empresa se perciba como una entidad transparente, ética y comprometida, lo cual es fundamental para su éxito a largo plazo.

La inteligencia política y la capacidad de anticipar crisis mediante un diálogo constante y profesional con la sociedad y las instituciones se convierten, en definitiva, en ventajas competitivas que pueden marcar la diferencia en mercados cada vez más exigentes y volátiles.

Esta estrecha relación entre reputación y Asuntos Públicos constata la necesidad de las empresas de contar con directivos que sepan gestionar los intangibles de una empresa de forma integrada y con una visión de 360º. Para formar a estos profesionales se creó hace más de una década el Global CCO, un programa de formación ejecutiva que enseña a gestionar intangibles de manera estratégica y que convierte a sus graduados en elementos cruciales para el desarrollo de sus organizaciones.