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El 26 de mayo de 2021, la jueza del Tribunal de Distrito de La Haya Larisa Alwin dictó una sentencia contra la multinacional petrolera Shell, condenándola a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030 en un 45 % con respecto a los niveles de 2019, como una forma de garan-tizar que el calentamiento global se limite a 1,5 ºC.
La sentencia, que por primera vez protegió el clima y los derechos humanos por encima de los intereses comerciales de una compañía, tuvo un gran impacto en el sector petrolero, pero también en el mundo corporativo en general.
En paralelo a esto, Shell debe hacer frente al activismo empresarial, firmas de capital riesgo, hedge funds o individuos acaudalados con experiencia empresarial, que buscan incrementar el valor de las empresas mediante acciones basadas en criterios ASG. En concreto la organización ecologista Follow This o la organización internacional de derecho ambiental ClientEarth han puesto en marcha acciones en este sentido.
La presión de inversores activistas y organizaciones medioambientales sobre la petrolera angloholandesa se tradujo de diversas formas:
- Un impacto en valor de marca
- Una escalada de litigios
- Un cambio de sede
- Una transformación de su perfil ESG
- Un incremento de su riesgo reputacional
- Una oportunidad surgida de la propia crisis
Si quieres saber más, descubre las claves en este caso de Best Practices in Action.
