El 26 de mayo de 2021, la jueza del Tribunal de Distrito de La Haya Larisa Alwin dictó una sentencia contra la multinacional petrolera Shell, condenándola a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030 en un 45 % con respecto a los niveles de 2019, como una forma de garan-tizar que el calentamiento global se limite a 1,5 ºC.

La sentencia, que por primera vez protegió el clima y los derechos humanos por encima de los intereses comerciales de una compañía, tuvo un gran impacto en el sector petrolero, pero también en el mundo corporativo en general.

En paralelo a esto, Shell debe hacer frente al  activismo empresarial, firmas de capital riesgo, hedge funds o individuos acaudalados con experiencia empresarial, que buscan incrementar el valor de las empresas mediante acciones basadas en criterios ASG.  En concreto la organización ecologista Follow This o la organización internacional de derecho ambiental ClientEarth han puesto en marcha acciones en este sentido.

La presión de inversores activistas y organizaciones medioambientales sobre la petrolera angloholandesa se tradujo de diversas formas:

• Un  impacto en valor de marca
• Una escalada de litigios
• Un cambio de sede
• Una transformación de su perfil ESG
• Un incremento de su riesgo reputacional
• Una oportunidad surgida de la propia crisis

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