Del Ibex a LaLiga, miles de empresas españolas llenan cada año hojas de Excel para rendir cuentas sobre cuestiones que no modifican directamente la fórmula que calcula su beneficio o su facturación, pero que son determinantes en sus resultados: la información no financiera que, según la CNMV, irá cobrando cada vez más importancia.

Estos datos se engloban en el también denominado “informe de sostenibilidad” para reportar cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Unas siglas que abarcan desde el reciclaje de residuos hasta los derechos humanos, pasando por la privacidad de los datos o las relaciones con los proveedores.

Muchas empresas llevan mucho tiempo preocupadas por estas cuestiones. Pero fue hace tres años cuando la sostenibilidad recibió un empujón definitivo en España de la mano de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, que transpone una Directiva Europea. Una norma que cada año ha ampliado su espectro y que ya exige a más de 5.000 empresas en España redactar ese informe anual, que debe ser verificado por un prestador de servicios de verificación independiente. Todo un sello de calidad legal para áreas como la relación de una empresa con el clima, sus proveedores y su plantilla o la forma en que respeta los derechos humanos o la lucha contra el fraude, entre otros capítulos.

Pero 5.000 sociedades es sólo un tentáculo de una red de sostenibilidad por la que muchas otras compañías reportan estas cuestiones por cultura, moda o presión de otros agentes externos.

“Más allá de la ley, los inversores son los verdaderos activistas que presionan para que las empresas ayuden a la transición de bajo carbono, a no tener brecha salarial o menos accidentes...”, avisa Alberto Castilla, socio del área de sostenibilidad de EY. “Es una cuestión de calidad del management”, agrega el experto, que incide en que se trata de una función transversal a todo el organigrama en las grandes empresas. Dicho de otro modo: “Ahora, y cada vez más, las compañías, además de dar sus resultados financieros, deben explicar cómo lo ganan y su impacto en el entorno.... Así el inversor puede tomar decisiones también por cuestiones como el cambio climático”.

Desde PwC, Pablo Bascones, socio responsable de sostenibilidad y cambio climático, coincide en que la necesidad de informes ESG llega también por la demanda de inversores (BlackRock dejará de invertir en empresas contaminantes en 2050), reguladores e incluso consumidores.

Con estos catalizadores, apunta que “en España ya veníamos verificando desde hace aproximadamente 15 años las memorias de sostenibilidad voluntarias”. No obstante, avisa de que han surgido dos cuestiones de la ley: “Se incorporan indicadores que no se reportaban hasta el momento y se ha multiplicado por ocho el número de empresas que estábamos verificando”.

En la misma línea, Ramón Pueyo, socio responsable de sostenibilidad y buen gobierno de KPMG, apunta que este ejercicio regulatorio “debe servir para aumentar la sensibilidad de las compañías sobre estas cuestiones y hacerse la reflexión sobre la sostenibilidad y su impacto en el modelo de negocio y estratégico de las empresas”. ¿Su consejo? Primero “dedicar tiempo a traducir qué hay que hacer, interpretarlo y ver cómo dar respuesta”. “Nunca es perfecto a la primera, pero tiene que salir lo suficientemente bien como para cumplir la ley y ver oportunidades de mejora y entender mejor qué es la transformación sostenible, el mundo va en esta dirección”. Pueyo avisa de que “ninguna compañía inteligente es ajena a la circunstancia de que la transformación sostenible y la digital son los principales drivers que están afectando a los mercados”.

La tendencia que se aprecia en Deloitte es similar. “Los clientes que nos solicitan apoyo mediante consultoría en sostenibilidad han crecido exponencialmente en los últimos años”, señalan Concha Iglesias, socia responsable de sostenibilidad de Deloitte España, y Ana Sánchez Palacios, socia de Audit&Assurance de Deloitte y experta en Sostenibilidad.

Coinciden en que las compañías “ya ven valor añadido para el negocio en los proyectos de sostenibilidad, ya sea porque les permite adaptarse a las expectativas de sus grupos de interés, porque aportan diferenciación” o porque abren la vía para “desarrollar productos y servicios para el futuro en el que la consideración de la sostenibilidad será imprescindible para su supervivencia, entre otros”.

¿Hay multas?

No elaborar este reporte no financiero o no aportar su informe de verificación “conlleva que cuando una empresa vaya al registro mercantil a depositar las cuentas pueda no practicarse el depósito de las cuentas por falta de un documento que es requerido por ley”, alerta Bascones (PwC). “En este caso, se podría considerar que no se han depositado las cuentas anuales dentro de los plazos y esto podría conllevar una sanción prevista en la ley de sociedades de capital (no en la de información no financiera) de entre 12.000 y 60.000 euros que impondría el ICAC”. Si la sociedad o grupo de sociedades tuviera un volumen de facturación anual superior a 6 millones de euros el límite de la multa para cada año de retraso podría elevarse a 300.000 euros. Pero el efecto que genera más inconveniente no es la sanción per se, “sino el hecho del cierre de la hoja registral, así que la sociedad no puede presentar ningún documento o inscripción”. No se podría, por ejemplo, “presentar una ampliación de capital o una fusión”, operaciones que “suelen conllevar un carácter de urgencia”. Hasta ahora, no obstante, “en la práctica no se han impuesto este tipo de sanciones”.

Mazo, E. (2 de abril de 2021), Decálogo para presentar el informe de sostenibilidad, Expansión, pp. 4.