La función de asuntos públicos ha experimentado una evolución extraordinaria en las últimas dos décadas, pasando de ser a menudo inexistente o percibida como intrascendente y meramente reactiva, a convertirse en una función estratégica indispensable para las organizaciones modernas.

Esta transformación se refleja claramente en el crecimiento de los departamentos de asuntos públicos, que hoy cuentan con equipos más numerosos y presupuestos en aumento. Cada vez más empresas, dentro y fuera de España, reconocen su importancia, otorgándoles un rol más relevante y con mayor impacto en el negocio y la reputación. No obstante, a pesar de su consolidación, el sector afronta retos importantes, destacando la necesidad de avanzar en la medición y, crucialmente, en la gobernanza de los departamentos.

Entendiendo la gobernanza en asuntos públicos

La gobernanza corporativa, aplicada al contexto de los asuntos públicos, se refiere al conjunto de normas, principios y procedimientos que estructuran y rigen el funcionamiento del departamento. Este marco define las relaciones entre las personas implicadas y establece las reglas para la toma de decisiones estratégicas y operativas. El desafío de implementar una gobernanza efectiva es fundamental para asegurar que las estrategias de asuntos públicos estén sólidamente alineadas con los objetivos generales del negocio.

Una gobernanza robusta implica la creación de estructuras y procesos que garanticen una toma de decisiones coherente y transparente, facilitando la integración plena de los asuntos públicos en la planificación estratégica de la empresa. Esto exige una colaboración estrecha y fluida con otras áreas esenciales como los departamentos legales, de comunicación y de sostenibilidad, por mencionar algunos. Al establecer normas y principios claros, la gobernanza promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en las decisiones pilares esenciales para la estabilidad y el valor que el departamento aporta. Adicionalmente, una buena gobernanza incrementa significativamente la capacidad de respuesta y adaptabilidad de la organización ante un entorno cambiante y los desafíos inesperados.

Un factor determinante que condiciona la función de asuntos públicos y su gobernanza es la prioridad que la organización le confiere y, consecuentemente, su ubicación en el organigrama. La posición jerárquica influye directamente en la relevancia interna, los flujos de información y coordinación, el rol que adopta el departamento en la creación de valor, el perfil de su personal, el nivel de responsabilidad y la agilidad de respuesta. Construir esta gobernanza es un proceso complejo que requiere un estado de madurez corporativo avanzado. El principio básico fundamental para iniciar este camino es definir con claridad qué tipo de departamento se aspira a ser y, crucialmente, qué tipo de valor se busca aportar a la compañía.

Los diversos perfiles del departamento de asuntos públicos: aportando valor único

Después de un extenso análisis del ecosistema empresarial, se han identificado ocho perfiles o roles principales que los departamentos de asuntos públicos pueden encarnar. Estos perfiles son complementarios y ofrecen una visión de la diversidad de objetivos, funciones y talentos necesarios. Cada uno aporta un valor único a la organización y no son mutuamente excluyentes entre sí:

1. Vigía: su valor reside en la anticipación, identificando y monitorizando oportunidades o amenazas regulatorias, políticas o sociales para alertar a la compañía.

2. Faro de tendencias: aporta valor mediante la previsión estratégica, anticipando cambios a medio y largo plazo (políticos, normativos, sociales, geopolíticos) que impactarán el negocio, permitiendo una preparación proactiva.

3. Embajador de relaciones: genera valor a través de la construcción de relaciones sólidas con el entorno y los stakeholders, fortaleciendo la reputación, la legitimidad y creando un clima de confianza.

4. Deal maker: su contribución es la identificación y materialización de oportunidades de colaboración público-privada, generando impacto positivo en la actividad empresarial.

5. Escudo: aporta valor mediante la protección de la reputación y el negocio, anticipando y mitigando crisis. Requiere vigilancia constante de la percepción pública y actuación proactiva.

6. Regulatorio: su valor clave es facilitar la navegación en el complejo entorno normativo, interpretando leyes, asegurando el cumplimiento y anticipando cambios legislativos, lo que minimiza riesgos y fortalece la reputación.

7. Activista: genera valor al influir activamente en el entorno, promoviendo cambios sociales, políticos o ambientales en línea con los valores de la empresa y utilizando estrategias de comunicación para movilizar al ecosistema.

8. Arquitecto: representa la máxima aspiración, aportando valor al promover y moldear proactivamente un contexto político, regulatorio y social que mejore el entorno de negocio y cree ventajas competitivas. Requiere alta madurez y coordinación para influir en la agenda pública.

Conclusiones: gobernanza como pilar del valor

En síntesis, la gobernanza en el departamento de asuntos públicos es un componente esencial para la creación de valor sostenible en las organizaciones. Al implementar normas y principios claros, se fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la toma de decisiones. Esto garantiza la alineación estratégica con los objetivos generales del negocio.

La colaboración interdepartamental (con legal, comunicación, sostenibilidad, etc.) Es fundamental para construir capacidades internas sólidas y fomentar una cultura que valore los asuntos públicos. Una gobernanza efectiva incrementa la capacidad de la organización para responder y adaptarse a los desafíos, permitiendo una navegación más efectiva del entorno regulatorio y político, el fortalecimiento de la reputación y la construcción de relaciones de confianza con los stakeholders internos y externos.