La consideración de los aspectos sociales, ambientales y éticos (ESG) a la hora de configurar los criterios de inversión ha adquirido relevancia en los últimos años, y todos los indicios muestran que esta importancia seguirá creciendo. De hecho, en la estrategia de influyentes inversores, la gestión del capital, la estrategia a largo plazo, el propósito y el cambio climático son elementos fundamentales. Entre enero y noviembre de 2020, se invirtieron 288.000 millones de dólares en activos sostenibles en todo el mundo, un 96% más que en todo 2019.

Pero la aparición del Covid y la crisis económica y social ha propiciado un mayor escrutinio de los temas ESG por parte de inversores institucionales y proxy advisors (asesores de voto). Su apoyo a las propuestas relacionadas con estos asuntos de los accionistas ha aumentado, continuando a su vez la convergencia con el activismoaccionarial.

La sexta edición del Observatorio de la Inversión ESG de Georgeson y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, en colaboración con IE Business School y Endesa, pone de manifiesto la importancia que los inversores otorgan a los asuntos ambientales, sociales y éticos como palanca de generación de oportunidades y reducción de riesgos. En este sentido, durante la temporada de juntas 2021, inversores institucionales y proxys evaluarán demanera más estricta la gestión de los asuntos ESG de las cotizadas españolas.

‘Reporting’

El estudio incluye conclusiones y recomendaciones, destacando la relevancia que cobrará el reporting de la información no financiera. La demanda de mayor transparencia y estandarización por parte de los grupos de interés ha impulsado a las empresas a informar sobre su desempeño, reflejándose en la aparición de marcos internacionales de reporting, con estándares como GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standars Board), IIRC (International Integrated Reporting Council) o TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

También ha evolucionado la normativa europea, imponiendo su carácter obligatorio. Con la Directiva europea sobre divulgación de la información no financiera de 2014, se ha puesto de manifiesto que la información publicada por las empresas no es suficiente para medir, supervisar y gestionar su efecto en la sociedad y el medio ambiente. La Comisión Europea se ha comprometido a revisar la Directiva y, como parte del Pacto Verde Europeo, ha lanzado una consulta pública para avanzar en el proceso. Una revisión que pretende proporcionar datos completos y homogéneos sobre cómo inciden las actividades empresariales en el medio ambiente y en la sociedad, y cómo se tratan los potenciales riesgos de sostenibilidad. Es previsible, dice el informe, que la modificación de la Directiva dé lugar a un mayor desarrollo reglamentario en el futuro que contribuirá a resolver algunas de las dudasrespecto a la aplicación de la ley para que todas las empresas publiquen la información conforme a estándares comunes.

Taxonomía verdede la UE

El reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles será otra de las tendencias que marcarán el futuro del reporting. En diciembre de 2019 se aprobó la Taxonomía Europea que proporciona a los inversores y gestores empresariales un lenguaje común para determinar las actividades económicas que pueden ser consideradas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

Como desarrollo de esta norma, se espera que este junio la Comisión Europea adopte, a través de un acto jurídico delegado, la forma en la que las empresas e inversores deben cumplir con determinadas obligaciones para divulgar información en este ámbito. Y, a principios de 2022, deberán publicarse los primeros informes de las empresas y las declaraciones de los inversores utilizando la Taxonomía de la UE.

Median, A. (15 de marzo de 2021). Los asuntos éticos. ambientales y sociales, en el punto de mira. Expansión. pp.10