La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho fundamental que recogen textos como la Constitución Española de 1978, por lo que las acciones de organizaciones empresariales y de otro tipo en el ámbito de los asuntos públicos deben entenderse como el ejercicio de su derecho a defender sus legítimos intereses.

Además de un derecho, la gestión de los asuntos públicos se está convirtiendo casi en una obligación para las organizaciones, que operan en un entorno donde las interacciones entre el sector privado y las instituciones gubernamentales son cada vez más frecuentes complejas y en el que las tendencias sociales y políticas son tan voraces como volátiles. 

La frecuencia creciente de estas interacciones se relaciona, entre otras cuestiones con el contexto de gran regulación que atraviesan la inmensa mayoría de los estados para intentar adaptarse a los drásticos cambios de producción, consumo o tecnología que han transformado el mundo en la última década.

Así, las empresas necesitan de una interlocución fluida, transparente y profesional con las distintas administraciones públicas, gobiernos y parlamentos, para exponer sus necesidades y visiones, pero también para aportar su conocimiento a la formulación de políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía.

A la hora de gestionar estratégicamente los asuntos públicos, las compañías deben atender, entre otras cuestiones, las siguientes áreas:

• Monitorización regulatoria: las empresas deben conocer qué y cómo se está regulando en el ámbito de cualquier materia que afecte a sus operaciones o a las percepciones de sus grupos de interés.

• Aporte de información especializada: las empresas pueden fortalecer su reputación corporativa al proveer de información especializada, veraz y rigurosa sobre su sector al sector público. Esta cuestión resulta especialmente valiosa en un contexto de apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo económico, donde la actuación de los poderes públicos puede resultar insuficiente sin la aportación de los actores privados.

• Lobby: las empresas deben desarrollar acciones encaminadas a lograr que su voz sea tenida en cuenta en la regulación y formulación de políticas públicas en torno a las áreas de su interés mediante el diálogo leal y profesional con los distintos actores de la vida pública.

• Activismo y generación de alianzas: las compañías pueden impulsar o liderar movimientos sociales junto a entidades que compartan sus objetivos, siendo palancas de las transformaciones sociales que desean ver en el mundo. 

La gestión eficaz de todas estas cuestiones y de otras fundamentales como la comunicación corporativa y el alineamiento de la cultura con el propósito son fundamentales para el triunfo de las organizaciones en materia de Asuntos Públicos. 

Y es que no hay que perder de vista que los Asuntos Públicos son, en ocasiones, la única herramienta de que una organización dispone para anticipar potenciales crisis, disminuir el impacto de regulaciones contrarias a sus intereses u obtener ventaja competitiva gracias a su inteligencia política.

Ante el auge de la función de los Asuntos Públicos en el seno de las compañías surge la necesidad de su medición, razón por la cual Corporate Excellence y Political Intelligence han desarrollado esta guía sobre la medición de los Asuntos Públicos que recoge los pasos a seguir para poder evaluar, rediseñar y fortalecer el desempeño de una organización en esta materia.